| Argentina ¿en venta?
El “caso Tompkins” –y
la ofensiva expropiadora de Luis D’ Elía– puso
en el centro de la escena el debate en torno a la gran cantidad
de tierras que están en manos de extranjeros y al destino
de los recursos naturales: agua, gas, petróleo y minerales.
El análisis de los especialistas sobre un tema atravesado
por la política, la ideología y la economía.
Tenaza en mano y acompañado por un séquito
mediático, el ex piquetero y ahora subsecretario de Tierras
para el Hábitat Social, Luis D’ Elía cortó
los alambres que cercaban la estancia El Socorro, en Corrientes.
El dato podría ser anecdótico, salvo por algunos detalles.
1) El lugar tiene unas 300 mil hectáreas. 2) Su propietario
es un norteamericano llamado Douglas Tompkins (68). 3) Es sospechado
por D’ Elía de querer de su intención de apropiarse
de los Esteros del Iberá, una zona ubicada sobre el Acuífero
Guaraní, uno de los más importantes reservorios de
agua potable del mundo. Por otra parte, la Iglesia presentó
la semana pasada un documento denunciando el fenómeno de
“la extranjerización de la tierra”, cuestionamiento
que también alcanza a los recursos naturales estratégicos:
el agua, el gas, el petróleo, los minerales, y hasta el mismísimo
aire de la patria, todos atravesados por la política, la
ideología y los intereses económicos.
De remate. De los 270.000 km2 que
constituyen el territorio nacional, el 10 % es propiedad de extranjeros,
según datos del Ejército Argentino, que coinciden
con lo que recientemente publicó el periodista Gonzalo Sánchez
en su libro La Patagonia vendida (Marea). Algo más: 32 millones
de hectáreas, correspondientes a las mejores tierras del
país, están en venta o en proceso de ser vendidas
a extranjeros. ¿La Argentina está a la venta? Héctor
Laurence, presidente de Fundación Vida Silvestre (FVS), lo
niega. “No existe un plan maquiavélico para quedarse
con nuestro territorio, y nadie se puede llevar la tierra”.
Algo similar opina Sergio Berenstein, politólogo de la Escuela
de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y director de Poliarquía.
“Estamos cayendo en una obsesión xenofóbica.
El nacionalismo mal entendido fue una de las razones de nuestro
atraso, y volver a esta postura sería otro fracaso”.
Pero lo cierto es que hoy, como no sucedía hace tiempo, aparecieron
palabras que parecían archivadas: nacionalización
y expropiación. “Hay un uso peligroso y demagógico
de conceptos –advierte Pepe Eliaschev, autor de La vuelta
de los ’70 (Sudamericana)–. ¿Expropiación?
No lo creo: los recursos del Estado que harían falta para
comprar las tierras que se juzgan en manos extranjeras no existen”.
Tierra mía. “La Patagonia es argentina
solo por casualidad...”. Así comienza el libro de Sánchez.
En el origen de los tiempos, fueron los extranjeros sus primeros
conquistadores. Y también fueron foráneos los que,
en la década del ´90, armaron el escenario. Todo comenzó
con la crisis económica que golpeó tan fuerte a los
productores agropecuarios nacionales que tuvieron que vender para
pagar sus deudas. En esa década, los hermanos Benetton compraron
un millón de hectáreas en Neuquén y Chubut.
Salvo voces aisladas, nadie cuestionó la adquisición
y hoy son los más grandes propietarios privados de la Argentina.
A ellos le siguieron otros ricos, millonarios y famosos, como Ted
Turner, creador de la CNN y Joe Lewis, de la cadena Planet Hollywood.
“En los ‘90, los únicos que podían comprar
tierras eran los extranjeros”, cuenta la diputada por el ARI
Susana García, quien, desde 2002, trabaja para presentar
un proyecto de ley contra la extranjerización.
El fenómeno continuó, a pesar de las denuncias de
la Federación Agraria Argentina. Y el asunto es que, constitucionalmente,
nada impide a un extranjero comprar tierras. Sin embargo, el debate
está instalado...“De no haber sido por algunos extranjeros,
muchas zonas riquísimas se habrían perdido. En los
Esteros del Iberá hay empresas de origen nacional que han
descuidado la región. Solemos rasgarnos las vestiduras, pero
los argentinos no tenemos conciencia del patrimonio nacional ni
podemos dar cátedra en manejo sustentable. Más importante
que la nacionalidad es la intencionalidad”, afirma Claudio
Bertonatti, de Fundación Vida Silvestre. Pero García,
la diputada del ARI, enfatiza sobre la necesidad de un control por
parte del Estado. “Por nuestra permisividad, se ha vendido
y se seguirá vendiendo. Pero lo vendido, vendido está,
y la expropiación pondría en tela de juicio la legalidad
del país. A futuro hay que analizar qué hacer en las
zonas con recursos estratégicos comprometidos”. Su
proyecto señala, entre otras cosas, que podrían ser
propietarios quienes hayan residido cinco años en el país.
“Además, no deberían tener más de un
cuarto del territorio rural de un distrito. Hay que crear un registro
de propietarios con inscripción anual y exigirles que mantengan
el suelo en pos de preservar la biodiversidad. Pero hace falta decisión
política”.
El país del agua. Según la Constitución
Nacional, los recursos pertenecen al Estado y son un bien social.
Los que están en el subsuelo también. “Una persona
puede tener el dominio privado de una tierra, pero esto no quiere
decir que este propietario pueda extraer lo que quiera”, aclara
Sabsay. “Tompkins no es dueño ni de un litro de agua.
Puede extraer agua de la superficie para beber; pero no existe la
posibilidad de que explote comercialmente el agua, salvo que el
Estado lo permita a través de una licitación pública.
En ese caso, debe pagar un canon por su uso”, asegura Laurence,
de la FVS. Dado que éste es un país federal, cada
provincia tiene su propio canon. Fuentes consultadas por Para Ti
aseguran que la posibilidad de que Tompkins saque agua de allí
es improbable. Por otra parte, el Sistema del Acuífero Guaraní
(SAG) está en etapa de investigación. “Por el
momento, hacer una perforación de entre 300 a 900 metros
de profundidad en la roca basáltica no es económicamente
atractivo: son obras millonarias. Y pensar que Tompkins se está
llevando el agua en botellitas es desconocer cómo funcionan
los mecanismos de extracción de agua”, aseguró
una fuente del Instituto Nacional del Agua (INA).
Las minas son ajenas. Si todo lo que está
debajo de la superficie pertenece al Estado, podría decirse
que el estado nacional y los gobiernos provinciales serían
ricos gracias a su minería. Desde 2003, se cuadriplicaron
las inversiones y proyectos en el área, la exploración
en metros perforados creció a niveles récords y la
exportación está en pleno auge. “La minería
es federal: son los estados provinciales los dueños que lo
concesionan a terceros –aclara José Herrera, de la
Secretaría de Minería–. Si alguien es propietario
de una zona con proyección minera, lo que se suele hacer
es llegar a un acuerdo entre partes. Se puede vender, o tener un
porcentaje en el proyecto”. Ya en la etapa de la explotación,
la empresa debe pagar un canon a los estados provinciales que, según
el código de minería, es el 3 % declarado en la boca
de mina... uno de los más bajos del mundo. “El Estado,
en lugar de gestionar el recurso lo otorgó a otros, el 80
% es capital extranjero, y quienes recibieron las concesiones se
llevan fortunas”, asegura Gastón Mercado Luna, ex diputado
por la UCR que investigó la mafia del oro. “Por las
leyes mineras de los ’90, la actividad se convirtió
en una panacea para las empresas, que están exentas de pagar
hasta los peajes. A pesar del despegue de la actividad, la gente
nunca ve esos beneficios”.
Divino petróleo. La nueva ley de promoción
de hidrocarburos que alienta el gobierno –tiene media sanción
en diputados– no sólo estipula desgravaciones impositivas
para que las petroleras amplíen sus zonas de exploración
y explotación. Además, garantiza más ganancias
y en nada cambia el escenario que se construyó en los ’90.
“En esa década, los activos del estado (YPF y gas)
pasaron en un 100 % a empresas privadas. Las concesiones vencen
en el 2015, pero las empresas quieren que le prorroguen la titularidad
hasta el agotamiento definitivo –denuncia Federico Bernal,
analista energético–. Antes, el Estado retenía
entre 70 y 80 % de la renta, y eso se reinvertía en el país.
Hoy, de los 8.800 millones de dólares de renta que el petróleo
deja anualmente, con las retenciones y más regalías
(12 %), el Estado se queda con un 36 %”. En Venezuela, por
ejemplo, el Estado se queda con un 67 % de la renta petrolera, que
es de 26 millones de dólares anuales. Hugo Martini, diputado
de PRO, destaca que la renta que queda en manos de las provincias
no es una cifra menor. Para él, estas empresas privadas son
las mayores aportantes del Estado. Contra esto, Bernal, investigador
del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (IDICSO) de
la Universidad del Salvador, pone de ejemplo a Neuquén, una
de las principales productoras de gas y petróleo, y una de
las provincias donde más creció la indigencia. “En
el modelo actual, las empresas son propietarias de lo que extraen
y no están obligadas a dárselo al Estado. Las ganancias
que obtienen de la producción y exportación nunca
se reflejan en reinversión”. Y sus pronósticos
asustan: dice que en ocho años las reservas petrolíferas
se agotarán, que en el 2009 el país será importador
neto de petróleo y que en 2014 habrá un agotamiento
total de reservas. “Los hidrocarburos deberían volver
a ser considerados bienes no renovables y no un commodity, como
ahora”, concluye.
Naturales y esenciales. “Los recursos naturales
constituyen la materia básica del desarrollo económico
y social del hombre –sostiene Gabriel de Paula, licenciado
en Relaciones Internacionales y coordinador de recursos naturales
del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)–.
Bajo el título de que todo lo nacional era deficitario, los
privatizamos y los gobiernos permitieron a las corporaciones extranjeras
hacer cualquier cosa”, sostiene De Paula, para quien el impacto
mediático del caso Tompkins puede hacer replantear el rol
del Estado en el tema. En este sentido, Bernal cree que el Estado
debería tener un papel planificador, regulador y gestionador
de los recursos estratégicos. Para Héctor Laurence
–de Vida Silvestre– , el problema no es tener más
intervención estatal, sino que “esta intervención
sea lógica y con un esquema jurídico coherente. No
es un tema de derecha o de izquierda, sino de capacidad y conocimiento”.
Texto M. F. Sanguinetti
http://www.parati.com.ar/nota.php?ID=8541
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