La autora repasa historia por historia, biografía por biografía, reconstruyendo 218 desapariciones forzadas ocurridas en democracia, desde 1983 hasta julio de 2021. Con un prólogo de la referente de CORREPI María del Carmen Verdú y un capítulo donde la periodista define distintos conceptos para entender la problemática, “Desaparecer en Democracia’’ editado por Marea Editorial en 2021, logra examinar cronológicamente los casos e introducirnos en las principales discusiones alrededor del desaparecido/a como sujeto político e histórico. Este libro es de imprescindible lectura para los tiempos que corren.
Junto al acompañamiento de un equipo de investigación formado por Daniel Satur, Juan Pablo Csipka, Gioia Claro, Soledad Segade y Martín Cossarini, la periodista y comunicadora social investigó distintos casos, muchos de ellos emblemáticos como el de Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinoza, Facundo Astudillo Castro, Miguel Bru, Marita Verón y Natalia Melmann. Adriana Meyer realiza un importante recorrido que divide en capítulos según los gobiernos constitucionales donde ocurrieron los casos, desde el alfonsinismo con el copamiento del cuartel del Ejército de la Tablada y el Caso Sivak, entre otros, hasta el actual oficialismo con el caso de Luis Armando Espinoza. Además incluye un capítulo especial dedicado a las desapariciones forzadas de miembros de los pueblos originarios.
Un legado de impunidad
La misma autora se pregunta y responde a lo largo de los 10 capítulos: “Si fue posible juzgar y seguir juzgando a represores y genocidas, ¿Por qué aún el Estado no sabe, no quiere o no puede impedir nuevas desapariciones y buscar de manera eficaz a sus desaparecidos?”. [1]
Si bien la magnitud de las desapariciones forzadas durante la dictadura de 1976 fue tan grande que quedó como marca indeleble de los métodos represivos de aquel proceso genocida, la autora recopila casos cuyos primeros ejemplos se remontan a principios del Siglo XX.
De todas maneras, a pesar de las variadas formas de administraciones gubernamentales, lo sustancial y esencial no cambia, por lo que no se evita que se continúen con las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas ni con los encubrimientos por parte de las autoridades políticas y judiciales. Es así que la autora llega a la conclusión de que siguen sucediendo desapariciones forzadas a causa de que no se logró desmantelar el aparato represivo de la última dictadura militar como se prometió en el gobierno de Alfonsín. La causa subyace centralmente en la complicidad que existe entre el poder judicial y la casta política, que sacan provecho de este legado de impunidad. Además no es casualidad que gran cantidad de las víctimas de la violencia estatal son jóvenes vulnerables de los barrios humildes, populares, que muchas veces, entre otras cosas, no tienen documento, aspecto que el aparato represivo aprovecha. Por otro lado existe un obstáculo importante por la falta de una unificación de base de datos nacional de ADN de personas desaparecidas para que cuando se encuentren cuerpos o restos óseos de cuerpos mutilados se cotejen con una potencial base nacional. Esta es una exigencia del renombrado Equipo Argentino de Antropología Forense. [2]
Lo lamentable y obvio de la continuidad se expresa en el típico modus operandi que utilizan las fuerzas represivas. Adriana Meyer lo cuenta de tal manera: “Tapar las propias huellas, negar, distorsionar, omitir, interferir, destruir evidencia son todas las acciones que despliegan los agentes del Estado inmediatamente después de una desaparición. Y suelen actuar en bloque el poder ejecutivo y el judicial en esta misión de hacer ‘desaparecer la desaparición’. El modo en que funciona el Estado, de facto o en democracia, hace que no pueda responder ante una desaparición, cualquiera sea su ideología”. [3]
No son manzanas podridas
Un concepto central que se dilucida a lo largo de los más de 200 casos, es que no son manzanas podridas, no son casos aislados. La violencia y la impunidad es de todo el aparato represivo e institucional. En este sentido la autora explica: “Algunas desapariciones no llegan a la prensa, a la denuncia, no sabemos sus nombres y apellidos. El aparato represivo del Estado, tanto en dictadura como en democracia, suele estar al servicio del poder económico que detentan los grandes empresarios.” [4]
La función social y política del brazo armado del Estado es defender los intereses de grandes empresarios. Se demostró en cada golpe de Estado en Argentina como en tiempos de democracia burguesa. En El Estado y La Revolución de Lenin, tomando los pasajes de Engels, afirma que el Estado es una “fuerza” que surge de la sociedad pero se separa situándose por encima de ella. Esa fuerza consiste en “destacamentos especiales de hombres armados que disponen de cárceles y otros elementos”. Es decir, la burguesía para defender sus intereses necesita de estas fuerzas. Por esto es inviable afirmar que las fuerzas represivas del Estado puedan ser reformadas para dejar en el pasado las atrocidades cometidas. Son defensores de las ganancias y propiedad privada de una minoría. Como también están implicados en el crimen organizado, pasando por las redes de trata y el narcotráfico.
Desde 1983 hasta la actualidad el escenario que se observa son represiones al pueblo trabajador, desde La Tablada hasta el desalojo a sangre y fuego de familias sin techo de Guernica, pasando por la masacre del puente de Corrientes, la represión de 2001, el asesinato de Carlos Fuentealba, la represión en el Parque indoamericano en 2010 y en la Plaza Congreso en diciembre de 2017. Según la autora: “La reiteración de desapariciones forzadas en democracia se enmarca en ese escenario más amplio, a veces como consecuencia de algunas de estas prácticas sistemáticas, herramientas dirigidas a ejercer el control social para que las mayorías populares se acostumbren a callar y obedecer, necesidad fundante de cualquier gobierno en un Estado dividido en clases.” [5]
Contra la impunidad de ayer y de hoy
Las cifras que determina Adriana Meyer luego de la investigación son las siguientes: "Desde diciembre de 1983 hasta julio de 2021 se produjeron en el país 218 desapariciones forzadas. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fueron 14, en los dos mandatos de Carlos Menem sumaron 61, con Fernando de la Rúa 13, en el interinato de Eduardo Duhalde fueron 14, con Néstor Kirchner 23, durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner hubo 45, con Mauricio Macri 19, con Alberto Fernández 4. A los cuales se le suman 25 desaparecidos pertenecientes a pueblos originarios durante todos los períodos presidenciales. De comprobarse que la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre fue forzada, la cifra llegaría a 219. Más del 30% de los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados.” [6]
Seguimos en pie y enfrentando la impunidad: hace muy poco nos movilizamos por Lucas Gonzales y Luciano Olivera, víctimas del gatillo fácil. En un marco de crisis económica social y política, donde se agrandan los presupuestos para el aparato represivo y se ajustan a los sectores populares, es de vital lectura “Desaparecer en Democracia”. Este recorrido exhaustivo nos ayuda a repensar los desafíos en la actualidad en pos de la defensa de los derechos humanos y de la importancia de terminar con un sistema cuyo brazo armado nunca dejará de defender a como dé lugar los intereses privados del gran capital.