Adriana Meyer, en Desaparecer en Democracia, y Ximena Tordini, en Desaparecidos y desaparecidos en la Argentina contemporánea, abordan un mismo período histórico: el que va de la recuperación democrática y llega hasta el presente, ambas focalizando en las vidas que se desarmaron por el accionar policial o la negligencia estatal y logrando instalar la pregunta por las desapariciones de personas en un país que pudo juzgar a los genocidas de la última dictadura y crear el Equipo de Antropología Forense.
Las autoras, ambas periodistas, amplifican la lógica de los casos, predominantes en las narrativas contemporáneas, para contar trayectos, luchas y reclamos que tomaron las vidas de familias obligadas a una búsqueda, la mayoría de las veces en soledad, por el destino de sus hijas, hijos, hermanos, hermanas y parejas, quienes entraron de un momento a otro en la categoría de personas desaparecidas.
Tordini y Meyer coinciden en señalar que las desapariciones no son un tema de agenda hoy en la Argentina y advierten que los funcionarios judiciales no rinden cuentas por sus responsabilidades en los casos que acumulan años para resolverse, un tiempo que arrastra a familias a un itinerario de desesperación en el que van construyendo la certeza de que encontrarán a una persona sin vida.
En una vereda de San Telmo, las autoras de los libros que salieron recientemente por Siglo XXI y Marea se disponen a hablar sobre la forma en la que fueron dando lugar a sus investigaciones, en las que dejan planteada una interpelación: la de cómo se sacude una burocracia que parece quieta ante los reclamos de quienes claman por el derecho de saber el paradero de sus seres queridos.
—¿En qué momento decidieron que la investigación que estaban haciendo debía ser un libro?
—Adriana Meyer: Cubrí para Página/12 el caso de Jorge Julio López, iba a los allanamientos, me zambullí mucho. En ese momento quise hacer un libro y quedé embarazada de mellizos. Cuando fue lo de Santiago Maldonado también quise hacerlo y el año pasado cuando pasó lo de Luis Espinoza y lo de Facundo (Astudillo Castro) decidí que no sería un libro sobre un solo caso y a mediados de 2020 empezó a tomar forma.
—Ximena Tordini: Trabajaba en la agencia de noticias Infojus y se veían los dos tipos de desapariciones en la justicia: las de mujeres y las asociadas a las fuerzas de seguridad. En ese momento la desaparición de mujeres era muy fuerte porque había toda una política pública de combate a la trata. Eso fue a fines de 2013. Así entré, tratando de ver qué hay detrás de esas fotos de chicas desaparecidas. Empecé a pensar que si no era la trata lo que producía tantas desapariciones entonces qué era y así se fue armando la investigación.
—Sistematizaron mucha información, ¿cuál creen que es la principal falla del sistema para que siga habiendo desaparecidos?
—A.M.: Resulta increíble que en un país que pudo juzgar el genocidio se nos haya ocurrido tan tarde usar al Equipo de Antropología Forense para buscar a los desaparecidos en democracia, o que en algunas provincias no guarden datos de los NN. En el libro de Ximena, Maco Somigliana plantea que aparece un cuerpo y enseguida nos preguntamos si es Jorge Julio López o María Cash, cuando nos deberíamos preguntar quién es. Hay administraciones que han hecho avances buenísimos pero cambia el gobierno y dan marcha atrás. Este tema no ha llegado a ser agenda prioritaria. A la política hay que tomarla de los cuernos y usarla para todo lo que hace falta hacer.
—X.T.: El problema principal es de enfoque: ¿cuándo el Estado se preocupa y se ocupa de una desaparición? Cuando, por alguna dinámica social, es convertido en un caso de renombre. En general, por la familia o cuando eso se mezcla con alguna cuestión más politizable y las organizaciones logran convertir esa desaparición en algo importante. Ahí el Estado trata de responder. A veces responde bien. Porque por ejemplo Luis Espinoza estuvo desaparecido por las fuerzas policiales de Tucumán y a los 7 días fue encontrado. En el mismo período de tiempo, Tehuel de la Torre desaparece y no lo encuentran. En la medida en que el Estado solo se pone a funcionar por caso, como si fuera una serie policial, nunca la cuestión se va a resolver. La narrativa queda super acotada, se genera una situación de mucha desigualdad en el acceso a la justicia y a la verdad. Esto se ve en los casos de Mariela Tasat o Salomé Valenzuela, que son familias que no tuvieron acceso a ninguna respuesta del Estado. Ese sistema es tremendamente inequitativo porque tenés que hacer un esfuerzo enorme de movilización de recursos pero también en tiempo de la vida. Hace meses hay una niña de 5 años desaparecida, Guadalupe, y nadie plantea por qué el Estado no la puede buscar. ¿Cómo eso no es un escándalo? Porque pasa lejos entonces ninguna organización lo tomó. Y muchos editores dicen “¿cuántas veces vas a escribir sobre la niña Guadalupe?”. Que un caso no se resuelva a pesar de una buena investigación tiene que ser la excepción, no la regla. No puede ser que una familia esté 15 años creyendo que su hija fue secuestrada por la trata y su hija había muerto por un accidente de tren, como el caso de Mariela Tasat. Después hay funcionarios impresentables que no hacen su trabajo porque si solo decimos que es el sistema, se pierden datos y hay un fiscal que tuvo una causa, que no investigó, que enterró a una menor de edad sin identificar, un policía que escondió al niño Alejandro Flores. Hay responsabilidades individuales que producen la desaparición.
—Las familias muchas veces también son claves en el armado de redes, ocupando roles importantes en las búsquedas de otras personas.
—X.T.: En la historia de Johana Ramallo, una chica que estuvo desaparecida en La Plata y apareció muerta pero no completa porque aparecieron partes de su cuerpo, lograron encontrarla porque Rosa Bru miraba las noticias de aparición de personas muertas y estaba prestando atención y le dijo a la mamá “fijate que apareció una chica en la costa del río”. Es una madre que está atenta porque sabe que el sistema estatal lo registra pésimo. Las familias sienten que tienen que cumplir todos los roles. Además saben que van a encontrar una persona muerta.
—Un mito que se repite es que ante una desaparición hay que esperar 24 horas para hacer la denuncia. ¿Cómo se construyó?
—A.M.: Entrevisté a Alejandro Incháurregui, que es un personaje muy interesante. Se lo conoce como el hombre que identificó los restos del Che pero hace varios años que está como director del registro de personas desaparecidas de la provincia de Buenos Aires y me contó que hizo un experimento: agarró policías al azar y les preguntó cuánto había que esperar para hacer la denuncia y todos los entrevistados le decían lo mismo: 24 horas. Y cuando indagaba por quién se los había dicho, decían que un subcomisario. Si el tipo que toma la denuncia te dice que hay que esperar, estamos en el horno. El Ministerio de Seguridad dice que no hay que esperar un solo segundo.
—X.T.: Son discursos complejos. Hay cosas muy capilares de funcionamiento del Estado que son parte de este estado de situación general en la que no fue nadie pero fue porque alguien dijo “hay que esperar 24 horas”, aunque el protocolo diga que no. A veces también hay mucha distancia entre una política pública definida y lo que muchas veces sucede. Porque por ejemplo, hay un protocolo de búsqueda de mujeres LGBTQ del Ministerio Público Fiscal. El tema es que después la fiscal pide el primer allanamiento una semana después de la denuncia de desaparición. Ese es otro de los rasgos del sistema: los funcionarios rinden cuentas muy pocas veces, incluso mucho menos que las fuerzas de seguridad. No sabemos ni como se llaman los fiscales o fiscalas que son responsables de buscar mal a una persona.
—A.M.: Voy a dar un ejemplo: Katherine Moscoso desapareció en Monte Hermoso hace dos o tres años y el mismo día que apareció el cuerpo lavado, desnudo y semienterrado en un médano, el fiscal de la causa, un par de horas antes, decía con total desparpajo en una radio de Bahía Blanca: “Tenemos un mensaje de Facebook que dice que está con el novio en Neuquén y manda saludos”. ¿Quién le pidió cuentas a ese fiscal?
—Hay una diferencia de enfoque entre ustedes: Adriana habla de desaparecidos en democracia y Ximena prefiere no usar esa categoría.
—X.T: Elegí no usar desaparecidos en democracia como concepto general. Al principio cuando me preguntaban sobre qué era mi libro decía que era sobre desaparecidos en democracia. Era fácil de explicar. En el curso de la investigación me empezó a pasar que la categoría no me resultaba productiva para explicar porque ponía a los desaparecidos del presente en relación con los de la dictadura. En un conjunto de casos se puede establecer una semejanza porque hay una asociación del aparato represivo pero también hay un montón en los que no y yo estoy trabajando con todos por igual. No me resultaba explicativa para lo que quería mostrar. Cuando uno dice desaparecidos en dictadura se construye una relación de responsabilidad, decir que son los desaparecidos que produjo la democracia no me estaba diciendo nada entonces decidí no usar esa categoría.
—A.M.: Me metí con casos en los que Correpi establece que está probada la responsabilidad estatal. El listado es muy terminante: entran los casos en los que dejaron la huella los milicos, la policía, la prefectura, o el ejército. En su mayoría es la policía. Ahí está claro por qué elijo ir por ese lado. La otra explicación es porque son casos en los que está probado que el responsable fue alguien con un arma y un uniforme pagado por el Estado. Quería mostrar que es un fenómeno que se repite en todos los gobiernos.