Lo tenía todo listo: el libro entregado y la imprenta comprometida, cuando al jurista español Baltasar Garzón le confirmaron que detrás de esos síntomas respiratorios anidaba la aterradora neumonía bilateral por Covid-19. “Fue el 24 de marzo del 2020, en el que todos los esquemas y proyectos que bullían en mi cabeza desaparecieron como por ensalmo, y solo percibía una profunda confusión ante un futuro inmediato absolutamente incierto, porque ni siquiera en parte dependía de mí”, anotó al respecto.
La hospitalización fue dura, hubo momentos críticos en los que los rezos se multiplicaron (ecuménicos, llegaban desde todo el mundo) y, ahora, las consecuencias se muestran indefinidas aún. Pero apenas pudo volver a su casa, recuperó su texto y prácticamente lo reescribió. Así de trascendental fue la experiencia para un hombre que conoce (muchas) acciones trascendentales.
Entonces, La encrucijada: Ideas y valores frente a la indiferencia es el libro que pudo ser además del que efectivamente es. Un recorrido por los desafíos de este tiempo, desde el florecimiento y afianzamiento de movimientos de extrema derecha en todo el mundo hasta los tropiezos de las izquierdas, los delitos contra el medioambiente y la necesidad de una refundación del sentido común progresista.
“He padecido los efectos del Covid-19, quizás nunca me abandonen y no me dejen disfrutar con plenitud de una vida que ha cambiado. Por ello no puedo ser transigente con los discursos políticos vacuos y anodinos”, anticipa para que quede claro que no habrá diplomacia alguna.
Así, mientras sigue recuperándose de los zarpazos del virus, Baltasar Garzón intercambió preguntas y respuestas con Ñ desde España y a través del correo electrónico.
Garzón, el juez que enfrentó a los cárteles de la droga en el norte de España, el que encarceló al dictador chileno Augusto Pinochet y que logró la confesión del represor argentino Adolfo Scilingo. Garzón, el acusado de poca dureza con los españoles que actuaron en la dictadura argentina. El denunciado por tomarse potestades que no tenía al avanzar contra los crímenes franquistas. El que fue condenado en 2012 y perdió su cargo de magistrado. El que acaba de obtener un dictamen de la ONU que dice que ese proceso no fue justo y que va ahora por la recuperación de su cargo. Garzón, el defensor del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El jurista que más portadas ha ocupado en los medios de todo el mundo tiene cosas para decir y las dice.
–"La peste está ahí, pero no la del coronavirus, sino la del fascismo", dijo el año pasado. ¿Cuáles son las señales de alerta que más lo inquietan?
–La situación que hoy estamos viviendo en el mundo es de suyo conocida, hasta el punto de que no encuentro palabras nuevas que la definan, aunque algunos se empeñan en anteponer el prefijo “neo” para que tal vez nos parezca menos rancio, como neoliberalismo o neofascismo. Lo que ocurría antes de la pandemia ahora se ha acrecentado. La ultraderecha y el fascismo, frente a la indiferencia de los demás, no dejan de actuar como la gota de agua que de forma silenciosa y callada forma la estalagmita que después soportará una estructura o múltiples formaciones que siembren la incertidumbre y el miedo para después convencer a quienes buscan asidero de que les apoyen, y así los sectores populares caen atraídos por cantos de sirena. Frente a la altanería se impone la actitud ética. La ciudadanía debe exigir a los políticos responsabilidad e integridad en el ejercicio del cargo.
–¿Cuánta responsabilidad tienen las izquierdas y los partidos progresistas en esta avanzada del fascismo y la extrema derecha?
–Todos somos responsables, pero el peligro que amenaza a los políticos es la soberbia que hace a los mandatarios creerse imprescindibles y considerar que su criterio es el único válido, lo que conduce a que crean innecesario someter su decisión al refrendo colectivo. Ese camino puede llevar a la negación de la democracia y a abrir nuevamente la puerta al totalitarismo, al neofascismo.
–¿Cómo debe responder la democracia al avance de fuerzas antidemocráticas sin caer en decisiones contrarias a la ley?
–Es un problema de todos. Se valen de la democracia para acceder al poder, juegan y se burlan de ella y luego piden poderes especiales ante alguna urgencia o emergencia, unos poderes que al poco tiempo se vuelven permanentes y así, antes de que los demócratas puedan reaccionar, ya se han hecho con el control absoluto imponiendo sus ideas y proyectos y persiguiendo a todo el que se oponga o no encaje en sus planes. Este fue el esquema que utilizó el nazismo. No lo debemos olvidar. No podemos repetir los mismos errores. Por eso la vigilancia debe ser constante y no se puede consentir la más mínima transgresión. Tendemos a ser condescendientes con la falsa creencia de que la democracia lo soporta todo, y no es así.
–Propone usted una visión progresista superadora de los dogmatismos. ¿Cómo lograr un acuerdo si tradicionalmente las fuerzas de izquierda han tenido (y tienen) enormes dificultades para trabajar juntas?
–Es cada vez mayor el número de ciudadanos, especialmente en el sector más joven de la sociedad, que cuestiona la dicotomía izquierda-derecha y que, por ello, se aleja de cualquier compromiso político activo. Estamos atravesando un momento histórico que es un punto de inflexión para la humanidad, que ha hecho que nos cuestionemos sobre qué es lo esencial, qué es lo importante, lo necesario y lo superfluo, y nos preguntemos qué futuro queremos. Están sobre la mesa todos los elementos precisos para dar forma al cambio, sobre la base de conceptos más amplios y flexibles, libres del encorsetamiento ideológico al que estábamos acostumbrados. Son los jóvenes quienes pueden frenar el neoliberalismo y todas sus formas. Pero, de igual manera, se aprecia que estos movimientos son mucho más transversales, y por ende más integradores, al margen de las estructuras y los aparatos de los partidos políticos tradicionales.
–El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica formula una pregunta en el prólogo del libro que recupero aquí: ¿por qué "reconocerle a un Juez del Mundo Rico la potestad de juzgar a un exmandatario de América Latina"?
–Creo que la Jurisdicción Universal es uno de los mecanismos más eficaces para dificultar la existencia del espacio que muchos gobernantes pretenden dar al olvido, como instrumento de la impunidad, ya sea a través de amnistías, indultos generales, u otras formas más o menos sofisticadas de perdón. Este principio, defendido por las víctimas como el último reducto contra la impunidad, ha sido denostado y negado en su existencia o eficacia, y reducida su aplicación, por ejemplo en España, a lo meramente testimonial. Lo han hecho muchos representantes políticos, militares, gobiernos y particulares que se han sentido “amenazados” en la seguridad que sentían en sus respectivos países, que habían renunciado a perseguir determinados crímenes internacionales de los que podrían ser responsables.
–En ese mismo sentido, la jueza argentina María Romilda Servini lleva adelante la investigación de delitos cometidos por el franquismo. ¿Cuál es su opinión sobre ese proceso y las posibilidades concretas de reparar el daño a esas familias querellantes?
–Cuando te hartas de buscar justicia sin éxito en tu propio país te lanzas en busca del amparo de instrumentos internacionales o tribunales extranjeros dispuestos a aplicar el principio de Jurisdicción Universal. Si España cerraba sus puertas a la justicia contra los crímenes franquistas, quizás las abriera la Argentina. Y lo hicieron. Varias víctimas españolas interpusieron una querella ante la justicia federal argentina. El caso se sorteó y recayó en la jueza María Romilda Servini, que admitió la querella y comenzó a dar pasos firmes para ofrecer justicia, verdad y reparación a las víctimas que eran ignoradas en España. Yo mismo en mayo de 2012, acudí a declarar como testigo en esta causa y lo hice sin dudarlo, con plena convicción y conciencia de lo que hacía. Cuando terminé mi larga comparecencia ante la jueza, a la que no había vuelto a ver desde el año 1991 cuando la conocí a propósito de la cooperación judicial que se produjo en un caso muy famoso en aquella época, conocido como el “Yomagate”, me sentí en paz conmigo mismo. Espero y deseo que, en este caso, continúe hasta el final en defensa de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.
–Se desempeña usted como defensor del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En estos días se han conocido los Pandora Papers sin que hubiera periodistas encarcelados por esos trabajos de investigación. ¿Por qué Assange?
–El caso Assange tiene una doble importancia, de una parte la salvaguarda de la libertad de expresión que se ve comprometida especialmente en este caso. De otra, la defensa del propio Julian Assange, quien se ha visto perseguido, enclaustrado y encarcelado de una manera indecente por la acción del gobierno de Estados Unidos que ha querido evitar a toda costa que salieran a la luz mediante su medio, WikiLeaks, aquella información que nos afecta a todos, que habla de prácticas irregulares, ilegales y, en todo caso intolerables, del aparato de Estado estadounidense. Para ocultar estas maniobras, no han dudado en perseguir a extremos inconcebibles a Julian Assange que espera en un encierro injusto y arbitrario en Londres, y con su salud deteriorada por tantos años de acoso.
–Hace dos meses, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas definió como “arbitrario” el proceso judicial que en 2012 decidió su inhabilitación por un delito de prevaricato durante la instrucción del caso Gürtel. ¿Cómo repercutirá esto en España y cuáles son sus posibilidades reales de recuperar su puesto de magistrado?
–Lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dice al Estado español es que esa sentencia es arbitraria, que es imprevisible la conducta por la que se me condenó, que es injusta, que es parcial. Como el interlocutor de mi demanda es el Estado español es el Estado español el que tiene que cumplir y en su nombre, es el Gobierno quien tiene que impulsar. Si me pregunta cómo me siento, la propia resolución en sí ya es una reparación. Muy potente. No es solo una victoria moral. Es una victoria jurídica, personal y profesional que establece una perspectiva de futuro en defensa de todos los jueces y fiscales y en defensa de la independencia judicial. Lo que dice el Comité es que no se puede coaccionar penalmente a jueces y fiscales por interpretar la ley. Se puede revocar si hay un error o una mala interpretación, pero no decirle que le van a condenar por un delito porque haya interpretado la ley de una forma razonable y al menos defendible.
Historia reciente
Los amigos Cristina, Evo y Correa
Justo en ese momento en el que fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo de España a once años de inhabilitación por prevaricato durante la instrucción del caso Gürtel, Baltasar Garzón encontró en un puñado de gobiernos latinoamericanos el apoyo necesario. Los gestos (desde designaciones más o menos honoríficas hasta documentación local gestionada en plazos express) se multiplicaron a partir de 2012.
Fue en noviembre de ese año, que recibió de manos de la entonces presidenta Cristina Fernández su documento argentino –por un año y renovable– luego de haber sido designado en el cargo de “coordinador de asesoramiento internacional en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Antes de eso, había tramitado una residencia temporal como asesor de la Cámara de Diputados.
Pero hubo otros nombramientos. En la Colombia de Juan Manuel Santos Calderón, asesoró a la Fiscalía General. Y en el Ecuador de Rafael Correa, fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.
Más recientemente, en diciembre de 2019, Garzón aceptó hacerse cargo de la defensa del expresidente boliviano Evo Morales, cuando el gobierno de Jeanine Áñez emitió una orden de captura tras acusarlo de sedición y terrorismo.